Barcelona argumenta que muchos de los retrasos surgieron de factores que ningún contratista podría haber prevenido completamente: cuellos de botella burocráticos, desafíos de permisos e inspecciones laborales que causaron repetidas interrupciones. Las prolongadas aprobaciones del Ayuntamiento obligaron a detener el trabajo durante semanas, mientras que los requisitos de seguridad de la UE y las restricciones municipales sobre la construcción continua redujeron las horas operativas.
Más allá de la burocracia, el propio sitio produjo nuevas complicaciones, según varios informes. Los equipos de construcción descubrieron cables de alta tensión que requerían una reconexión completa, materiales peligrosos que exigían una remoción especializada y problemas de drenaje significativos en el área del campo que retrasaron el rebrote de césped por meses. Mientras tanto, las disrupciones globales, desde la bancarrota de un importante proveedor de acero hasta los retrasos en el envío vinculados a tensiones geopolíticas, ralentizaron aún más el progreso.
Olas de calor extremas en Cataluña provocaron paradas laborales obligatorias bajo nuevas regulaciones españolas, y las leyes de control de ruido bloquearon la posibilidad de turnos de 24 horas que podrían haber acelerado el trabajo. Retrasos en la subcontratación en las zonas VIP, aún incompletas y sin fachadas finales ni asientos de lujo, extendieron aún más la línea de tiempo. El enorme techo, que requería 1,400 toneladas de cableado de acero, sigue siendo uno de los componentes más grandes ahora pospuesto para 2026.
Laporta insiste en que estas condiciones hacen que el litigio sea invencible y que buscar más de 200 millones de euros en multas dañaría la relación con Limak y pondría en peligro la finalización. El club argumenta que su prioridad debe ser garantizar la reapertura completa del estadio con 105,000 asientos para mediados de 2026, no entrar en una larga batalla legal que podría detener el progreso.
Añadiendo a la controversia, la Inspección de Trabajo Catalana recientemente multó a un subcontratista de Extreme Works con 1 millón de euros por emplear a 79 trabajadores indocumentados en el sitio, un incidente que ha generado más escrutinio sobre los estándares de supervisión y arroja otra sombra sobre la ejecución del proyecto.