El caso Negreira ha dado un nuevo giro después de que el abogado español Juan Luis Martín de Pozuelo presentara una denuncia oficial contra el FC Barcelona ante la Comisión de Ética de la Dirección de Integridad y Cumplimiento de la Federación Española de Fútbol, en una medida destinada a ampliar el alcance de las investigaciones para incluir los marcos disciplinarios y éticos dentro de las instituciones futbolísticas locales e internacionales.
La denuncia, fechada el 1 de abril, incluye acusaciones directas contra el club catalán y varios de sus responsables actuales y anteriores, y afirma que los hechos relacionados con los pagos recibidos por el exvicepresidente de la Comisión de Árbitros, José María Enríquez Negreira, entre 2001 y 2018, ya no son solo una polémica mediática, sino que se han convertido, según el texto del documento, en hechos probados que se basan en pruebas concluyentes y documentadas ante la justicia.
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Bozuelo señala en su denuncia que el asunto no se refiere únicamente a la responsabilidad del club como entidad, sino que se extiende a figuras destacadas que ocuparon la presidencia del Barcelona en diferentes épocas, entre ellos Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Laporta y Joan Gaspart, considerando que todos ellos son responsables, directa o indirectamente, del controvertido sistema de pagos.
El abogado se centra en el aspecto financiero del caso, explicando que las cantidades transferidas a Negreira y a empresas vinculadas a su familia ascendieron a unos 8.388.476,90 euros, de los cuales 7.376.916,90 euros fueron a parar a entidades comerciales de su propiedad.
Bozoilo considera que estas cifras revelan un sistema de pagos doble, directo e indirecto, que, en su opinión, exige sanciones disciplinarias severas contra las partes implicadas.
La denuncia también abordó la cuestión de los informes de arbitraje que utilizó el Barcelona para justificar dichos pagos, considerando que esta defensa ya no resulta convincente a la luz de las conclusiones de las investigaciones judiciales. Bozuelo afirmó que las declaraciones del actual presidente del club, Juan Laporta, sobre la legalidad de dichos informes podrían situarlo en el ámbito de la responsabilidad ética ante los organismos competentes.
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La denuncia se basa también en la resolución judicial dictada el 9 de octubre de 2023 por el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Barcelona, que admitió a trámite el caso, así como en el papel desempeñado por la Federación Española de Fútbol como parte acusadora.
Bozoello considera que, si se considera a la Federación como parte perjudicada en la vía penal, esta debe actuar también en el ámbito ético y disciplinario, y no limitarse a la postura judicial.
El abogado español tiene la intención de remitir los mismos documentos tanto a la Unión Europea de Fútbol (UEFA) como a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), en un intento por internacionalizar el caso y someterlo al control de las máximas instancias futbolísticas, al considerar que lo ocurrido «afecta a la integridad del juego y a la reputación del fútbol español».
De este modo, esta medida abre un nuevo capítulo en uno de los casos más polémicos de la historia del fútbol español, mientras se espera que la Federación Española de Fútbol decida si los hechos expuestos en la denuncia requieren medidas adicionales que podrían reavivar la polémica sobre la relación del Barcelona con la Comisión de Árbitros durante las dos últimas décadas.
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