Aunque se amenaza con una sanción de dos años, los expertos creen que lo más probable es una multa. El artículo 106 del código sanciona las «declaraciones, por cualquier medio, que cuestionen la integridad de árbitros u órganos de garantía».
La norma castiga a quienes, desde el ámbito deportivo, cuestionen la honestidad o imparcialidad de árbitros u órganos de la RFEF, o realicen declaraciones despectivas u ofensivas contra ellos.
Para los directivos de los clubes, la multa suele estar entre 601 y 3.005,06 euros.