La Federación Española de Fútbol impuso una sanción al Barcelona en el caso que ha desatado una nueva tensión en su relación con el Atlético de Madrid, después de que este último acusara al club catalán de haber contactado con Julián Álvarez, una de sus figuras más destacadas, sin seguir los procedimientos establecidos en el reglamento de fichajes.
Sin embargo, la decisión final resultó mucho menor de lo que podrían haber alcanzado las sanciones planteadas al inicio de la investigación, lo que trae a la memoria un episodio similar que enfrentó a ambos clubes años atrás.
El diario español Mundo Deportivo reveló que el Barcelona se limitará a pagar una multa económica, que calificó de irrisoria, por valor de 602 euros, tras concluir la investigación que abrió la Federación Española de Fútbol a raíz de la denuncia del Atlético de Madrid relativa a Julián Álvarez.
Según el diario, la decisión se basó en el artículo 133 del reglamento disciplinario de la Federación Española, relativo a la infracción de instrucciones, decisiones y obligaciones reglamentarias, que permite imponer una multa de hasta 602 euros en las infracciones leves, junto a otras posibles sanciones, como la suspensión o la inhabilitación para ejercer la actividad durante un periodo determinado, o el cierre del estadio por un partido.
La Federación Española había abierto una investigación disciplinaria extraordinaria sobre el caso a finales del pasado mes de julio, tras una denuncia oficial presentada por el Atlético de Madrid.
Mundo Deportivo aclaró que la Federación Internacional de Fútbol no se hizo cargo del caso, al no ser competente en un litigio entre dos clubes pertenecientes a la misma federación nacional.
****¿Por qué denunció el Atlético de Madrid al Barcelona?****
Los orígenes del caso se remontan al interés del Barcelona por fichar al delantero argentino Julián Álvarez, que está vinculado a un contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión por valor de 500 millones de euros, según lo informado por medios españoles.
El Atlético acusó al club catalán de contactar con el jugador e intentar atraerlo a pesar de que su contrato sigue en vigor, al considerar que esos contactos se produjeron durante el periodo de protección contractual, que impone restricciones a la negociación con el jugador sin atenerse a las normas que la regulan.
El club madrileño se basó en el reglamento de competiciones español, que establece la necesidad de notificar por escrito al club que desea fichar a un jugador profesional vinculado a un contrato en vigor con su club actual, antes de iniciar las negociaciones con el jugador.
El Atlético ya había anunciado el pasado mes de mayo su oposición a lo que describió como una campaña dirigida contra Álvarez, aludiendo a filtraciones, declaraciones y contactos que consideró ofensivos para el club. Y el 30 de junio presentó una denuncia oficial ante la Federación Española y la Federación Internacional.
Por su parte, el interés del Barcelona por el delantero argentino era público, y el presidente del club, Joan Laporta, habló del deseo del entrenador Hansi Flick de incorporarlo, mientras el Atlético se mantenía firme en su negativa a desprenderse del jugador, y sus responsables aseguraron que no quieren venderlo ni siquiera ante ofertas elevadas.
****El caso Griezmann vuelve a la actualidad****
El caso Álvarez no representa un precedente nuevo entre ambos clubes, pues el verano de 2019 fue testigo de un enfrentamiento similar cuando el Atlético de Madrid denunció al Barcelona por sus negociaciones con el delantero francés Antoine Griezmann, que finalmente fichó por el conjunto catalán.
El caso terminó entonces con una multa al Barcelona de apenas 300 euros, pese a que la investigación apuntó a la existencia de infracciones relacionadas con el inicio de las negociaciones sin notificar previamente al Atlético.
Asimismo, la Federación no aprobó la propuesta de cierre del estadio Camp Nou por un partido.
Esta semejanza entre ambos casos pone de relieve la escasa correspondencia entre la magnitud del conflicto deportivo y la sanción económica en la que concluyó el procedimiento; pues en ambas ocasiones el Atlético acudió a las instancias competentes para oponerse a la forma en que el Barcelona trató a un jugador vinculado por contrato con él, pero la sanción económica se mantuvo limitada.