El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado reabrir el proceso judicial relacionado con el exceso de ruido generado por los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu.
La decisión responde al recurso de apelación presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB), que busca frenar los eventos musicales en el recinto.
Según el auto judicial, la petición de los vecinos no es una simple consulta, sino una denuncia fundamentada sobre posibles vulneraciones del ordenamiento urbanístico.
La resolución revoca un fallo previo que había inadmitido la demanda contra el Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid CF, y ordena al juzgado de primera instancia examinar el fondo del asunto.
Los argumentos de los vecinos y el impacto judicial
La AVPB sostiene que los conciertos realizados en el Bernabéu superan los límites sonoros permitidos, afectando la calidad de vida de los residentes.
Entre las pruebas presentadas se incluyen más de 150 mediciones de ruido y sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Madrid a los organizadores de los eventos, con multas que oscilan entre 16.000 y 148.000 euros.
La jueza Mónica Aguirre, del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, ha procesado al Real Madrid y a su filial Real Madrid Estadio S.L.U. por presuntos delitos contra el medio ambiente, específicamente por contaminación acústica.
Consecuencias para el Real Madrid y el Ayuntamiento
El caso representa un nuevo revés judicial para el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida.
Los vecinos exigen que se reconozca la falta de cobertura legal para la celebración de conciertos en el estadio, argumentando que ni el Plan Especial de Mejora del Medio Urbano ni las licencias urbanísticas amparan estas actividades.
La resolución del TSJM también pone en duda la competencia del Ayuntamiento para autorizar estos eventos, señalando que dicha responsabilidad recae en la Comunidad de Madrid.
El proceso judicial sigue abierto, y las acusaciones particulares tienen un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
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