La polémica en el Real Madrid ya no gira en torno a los fichajes que persigue el equipo ni al once previsto para la nueva temporada, sino que el debate se ha trasladado a algo más grave: la libertad de expresión dentro de los muros del club blanco, que según se rumorea últimamente ha quedado seriamente cercenada.
El abogado español César Romero de la Osa Martínez ha hecho estallar una bomba jurídica tras conocer el nuevo reglamento de disciplina social publicado por el Real Madrid en su sitio oficial, al que ha descrito como el establecimiento de un sistema de control sin precedentes que permite al club sancionar a sus socios y abonados por sus opiniones personales, incluso fuera del estadio.
Romero se apoyó, en la crítica que publicó el diario español "[**Sport**](https://www.sport.es/es/noticias/real-madrid/cesar-romero-osa-abogado-real-madrid-florentino-perez-censura-socios-133293847)", en dos artículos polémicos del reglamento. El artículo 9.7 considera "la falta de respeto y/o el menosprecio, con hechos, gestos o palabras, a los representantes del club" como una infracción grave, mientras que el artículo 10.18 va más allá al sancionar "cualquier acto y/o declaración verbal y/o escrita que menoscabe el respeto, la dignidad y la imagen del club y/o de las personas que lo integran".
El abogado considera que esta redacción imprecisa abre la puerta a la persecución de opiniones amparadas por la Constitución española bajo el pretexto de proteger la imagen del club, y subraya que cualquier exceso que constituya una difamación corresponde a los tribunales y a la policía, y no a un comité disciplinario interno formado por un club de fútbol.
"Inquisiciones sociales"
------------------------
Romero no se detuvo ahí, sino que describió el nuevo mecanismo que otorga a un comité disciplinario del club la facultad de vigilar lo que escriben los socios en las redes sociales e imponerles medidas cautelares como "inquisiciones sociales".
Advirtió de que un socio podría perder su condición durante años por el simple hecho de criticar a la junta directiva o al presidente del club, algo que consideró "una flagrante vulneración de la ley" y una contravención de los principios fundamentales sobre los que se sustenta el ordenamiento jurídico español, como la presunción de inocencia y los principios de legalidad y proporcionalidad.
Romero afirmó en tono contundente: "Una sociedad avanzada y democrática no puede permitir que quienes dirigen un equipo de fútbol repriman las opiniones de sus aficionados", comparando estas prácticas con los mecanismos de vigilancia de los regímenes autoritarios.
Un llamamiento al Estado
------------------------
El abogado dirigió un llamamiento oficial al Ministerio de Educación, al Consejo Superior de Deportes y a LaLiga para que intervengan de forma urgente y eviten que los clubes adopten reglamentos internos que calificó de "arbitrarios e ilegales".
También pidió a la Agencia Española de Protección de Datos que abra una investigación sobre quién es el responsable de recopilar, almacenar y analizar las opiniones personales de los aficionados, cuestionando hasta qué punto es legal rastrear sus datos sin una autorización clara.
Romero cerró sus declaraciones con un mensaje directo a la directiva del Real Madrid: "Si he cometido un delito, que me denuncien, pero no tienen derecho a privarme de mi derecho a expresar mi opinión. No se pueden restringir los derechos y las libertades constitucionales desde los palcos VIP del estadio".